Revista Feminista Independiente

La autora de esta epístola, junto con Ana María Pérez del Campo y Olga Campos Ortiz, solicitan una respuesta del Consejo del Poder Judicial en relación a la campaña de falsedades y calumnias que está difundiendo la juez decana de los juzgados de Barcelona contra las mujeres maltratadas y los jueces que procesan a los maltratadores.   Muy Sr. nuestro: Nos dirigimos a V. a fin de solicitarle información acerca del permiso que posea de ese Consejo la juez Decana de los Juzgados de Barcelona, doña María Sanahuja, para realizar en los medios de comunicación aseveraciones, comentarios y críticas a la Ley Orgánica de Medidas Integrales de Protección de las Víctimas de Violencia de género, 1/2004, así como especulaciones y acusaciones de tendenciosidad y negligencia contra los jueces encargados de la tramitación de las causas por dichos delitos. Teniendo en cuenta que, de acuerdo con el artículo 395 de la LOPJ, los jueces y magistrados tienen prohibido "dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos o Corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, ni concurrir, en su calidad de miembros de del Poder Judicial, a cualesquiera actos o reuniones públicas que no tenga carácter judicial, excepto aquellas que tengan por objeto cumplimentar al Rey o por las que hubieran sido convocados o AUTORIZADOS a asistir por el Consejo General del Poder Judicial.", nos  dirigimos a ustedes, como órgano colegiado al que compete la función de autorizar a un miembro de la judicatura para realizar semejantes manifestaciones, según el artículo nº 397 de la LOPJ, a fin de que nos informe si realmente la Jueza Decana de los Juzgados de Instrucción de Barcelona, doña María Sanahuja, posee la expresa autorización para que pueda participar en todo tipo de actos públicos (entrevistas en televisiones públicas y privadas; debates en programas de radio públicas y privadas, entrevistas publicadas en prensa...

El Problema de los malos tratos a las mujeres ha sido y es de gran magnitud. Quizás ahora existe una mayor conciencia social al respecto, tanto por parte de las mujeres que individualmente deciden denunciar las agresiones de las que son objeto, como por parte de diferentes colectivos. Y es patente la necesidad de adecuar la ley y agilizar toda la maquinaria burocrática para que de forma efectiva, se puedan resolver las situaciones críticas y urgentes en que se encuentra toda mujer maltratada. En algunos momentos se puede tener la tentación de creer que estos años que transcurren son realmente civilizados y democráticos y que con la desaparición de la esclavitud también desaparecieron los malos tratos entre el género humano. Pero actualmente, las agresiones a las mujeres son una realidad imposible de ocultar aunque a veces, nuestro mal denominado civismo tienda a silenciarlas. Quizás, al oír "malos tratos" la asociación inmediata sea la de pensar en situaciones de violencia extrema: asesinatos, violaciones, etc. Es cierto que esto ocurre y no por ello hay que olvidar que los malos tratos se dan de otras muchas formas, no tan escandalosas, pero no por ello menos denigrantes. Tampoco se debe creer que los malos tratos afectan tan sólo a un sector determinado de mujeres y que se manifiestan, únicamente, en situaciones críticas. Toda discriminación supone un mal trato, y el sistema patriarcal en que vivimos, por principio, discrimina a la mujer. Los malos tratos tienen un trasfondo educacional que origina la reproducción de patrones subculturales; si desde la infancia el niño ve cómo el padre maltrata a la madre, se habituará a este comportamiento obrando en consecuencia en cuanto se le presente la oportunidad. A su vez la niña interiorizará el papel de sumisión llegando incluso a creer que ésta es la actitud normal.