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Juristas y sus mentiras

Paloma Marín López*

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Quizás porque ahora las mujeres se resignan menos y rompen el mensaje catótico que se les venía dando, el que rezaba que con la resignación se ganaba la gloria, quizás por eso, algunos hombres de ley de pensamiento conservador se revuelven contra ellas y engrandecidos y apoyados por la toga que visten… tratan de descalificarlas y ridicudizarlas ante la sociedad. Dicen lo que quieren y luego buscan las pruebas. ¡Qué grande es la miseria espiritual!

La vigencia del derecho a la libertad de expresión no impide, además, ponerla en relación con el significado de esa libertad y con su finalidad. Esto conlleva a valorar si se efectúa una contribución importante a la investigación de una realidad o si se contribuye de forma significativa a combatir el crimen encubierto más extendido del mundo, por un lado, o si, por el contrario, las ideas expresadas están al servicio del mantenimiento de la tradicional situación de subordinación. La conclusión sólo puede ser que atribuir delitos a las mujeres, sin aportar la más mínima prueba de lo que se afirma, no sólo no contribuye a la formación de una opinión pública, libre y plural sino que es un mensaje que sirve de caldo de cultivo a prejuicios ancestrales que sirven a la subordinación de las mujeres. Vulnera, además, un derecho fundamental: el de la presunción de inocencia del que son titulares –hasta una sentencia firme de condena- todas las mujeres, individual y colectivamente.
La estadística judicial refiere que en 2007 se presentaron 126.293 denuncias por violencia machista y que se celebraron 43.048 juicios, dictándose 28.364 sentencias condenatorias y 14.684 absolutorias. Se acordaron, además, 38.111 sobreseimientos provisionales. Otros asuntos continuaban en investigación o se encontraban pendientes de juicio en los Juzgados de lo Penal o en las Audiencias Provinciales. Pues bien, la Memoria de la Fiscalía General del Estado, correspondiente a ese año, revela la existencia de sólo 18 casos en toda España en los que se consideró que debía deducirse testimonio contra mujeres para la investigación de hechos que podrían revestir los caracteres de acusación o de denuncia falsa, que también podrían ser de falso testimonio, toda vez que en ocasiones las denunciantes se retractan de su denuncia, por una errónea concepción del perdón al acusado o por el deseo de evitar su condena. No consta, sin embargo, ni siquiera el resultado final de estas actuaciones, que bien pudieron ser sobreseídas o acabar en sentencia absolutoria.
La misma estadística judicial refiere que en 2008 se presentaron 142.125 denuncias por violencia machista y que se dictaron 49.600 sentencias, de ellas 31.178 condenatorias y 18.422 absolutorias. El número de sobreseimientos provisionales alcanzó a 41.069. Otros asuntos se encontraban, igualmente, en investigación o pendientes de juicio. También en este caso, la Memoria de la Fiscalía General del Estado, correspondiente a 2.008, ofrece información valiosa, al revelar que fueron 19 los casos en toda España en que se consideró oportuno deducir testimonio contra mujeres para efectuar similar investigación. No consta tampoco el resultado de estas actuaciones y, por ello, tampoco se puede afirmar que sean casos de denuncia falsa.
El Grupo de Expertos y Expertas en Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial ha presentado hace unos meses el primer estudio de aplicación de la Ley Integral a través de las sentencias de las Audiencias Provinciales, seleccionándose la muestra objeto de estudio de forma aleatoria y científica por la Sección de Estudios Sociológicos y Estadísticos del propio CGPJ, de lo que se daba sobrada cuenta en la introducción del mismo. Este estudio, efectuado sobre 530 sentencias, también aportaba datos en esta materia y es que, de todas las examinadas, sólo una –un 0,19% del total-, que revocaba la inicial condena, acordaba deducir testimonio por si la declaración de la denunciante hubiera faltado a la verdad. De este estudio, algunas lecturas apresuradas hicieron equivalente esta referencia a un supuesto de denuncia falsa, lo que ni siquiera afirmaba el estudio, que se limitaba a reflejar cómo, tras el dictado de una sentencia de condena fundamentada en determinadas pruebas practicadas en juicio oral, en un supuesto en que la víctima no había querido declarar, ésta, pese a no ser parte perjudicada por la sentencia, había recurrido ante la Audiencia Provincial, afirmando que había mentido y que las lesiones objetivadas en la barbilla se las había causado ella al darse contra una puerta. Otras voces, supuestamente autorizadas, iban más allá, afirmando la supuesta selección interesada de la muestra y la sesgada opción a favor sólo de sentencias de condena, lo cual también era rigurosamente incierto, como se desprendía del propio estudio, que refería los porcentajes de sentencias condenatorias o absolutorias que resultaban de la muestra seleccionada aleatoriamente.
Algunos juristas nos aproximamos libres de prejuicios al fenómeno de la violencia de género que aflora en los Juzgados, en el ámbito de la pareja o ex pareja, con la pretensión de conocer determinadas perspectivas de este fenómeno criminal y abrigamos la pretensión de que, sin merma del respeto a todas las garantías de todos los justiciables, el acceso a la Administración de Justicia de aquellas mujeres sea la vía para la afirmación y restablecimiento de sus derechos. No desconocemos que la garantía de los derechos del imputado o del acusado que rige hoy en el proceso penal español introduce ciertos frenos que no existirían en una investigación inquisitiva, prohibiendo –afortunadamente, pese al resultado de impunidad que puede producirse- arrancar confesiones que no deseen realizarse. Y sabemos de las dificultades que tienen que vencer las denunciantes: tanto para superar las barreras históricas construidas para garantizar las dependencias culturales y de otro tipo respecto de sus parejas masculinas como para apartarse del modelo cultural de las mujeres, como esposas y madres, a las que se ha atribuido el rol no sólo de atención y cuidado de todos los miembros de la familia sino de responsables de que la llamada paz familiar no se vea alterada, aunque sea a costa de sus derechos humanos. Por eso, conocemos que la actitud procesal de las víctimas no ayuda en ocasiones a sancionar al (presunto) autor de un delito de violencia de género.
Como dato bien reciente que avala la anterior afirmación -en absoluto único o aislado-, en el estudio de muertes producidas en 2009 en el ámbito de la pareja o ex pareja que hemos efectuado en la Sección del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, de las 17 mujeres que habían denunciado a su pareja o ex pareja con anterioridad al femicidio, cuatro se habían acogido en algún momento a la dispensa de su obligación de declarar contra su compañero, otras cuatro habían renunciado al ejercicio de acciones civiles y penales y otra más, según afirmaba la sentencia de condena finalmente dictada, había modificado su versión en juicio oral, modificando su inicial declaración incriminatoria para afirmar finalmente que había mentido al denunciar a su supuesto agresor. El resultado de este cambio de versión no afectó a la condena del autor pero sí significó un perjuicio adicional para la mujer, al deducirse testimonio para la posible declaración de responsabilidad penal por haber mentido en juicio oral en su definitiva declaración exculpatoria.
En otro procedimiento, afloraba la declaración exculpatoria del presunto agresor que, incorporando mensajes que se difunden interesadamente contra las mujeres, daba como explicación de la denuncia formulada contra él que ella quería disfrutar de las ventajas que se conceden por ser víctimas de violencia doméstica. El hipotético disfrute de algún derecho vinculado a la condición de víctima de violencia de género se vio truncado poco después por el femicidio. Pero revela que los mensajes de los neomisóginos son útiles, en cuanto que se incorporan con facilidad al discurso de los agresores de género.
Si es obvio que resulta esperpéntico hablar de un Parlamento –el español- que legisla contra homines, olvidando que la Ley Integral ha sido de las pocas aprobadas por unanimidad por todos los grupos parlamentarios, pretender que las mujeres que presentan falsas denuncias –todas o casi todas las que acuden a los Juzgados- provocan miles de detenciones indebidas y resoluciones judiciales injustas –se pronuncien sobre la guarda y custodia de los menores, sobre pensiones de alimentos, sobre régimen de visitas o sobre delitos- enlaza y reitera el mensaje – incompatible con los valores constitucionales- de la mujer mala que expulsó a Adán y a la humanidad del paraíso por lo que siempre resultará sospechosa. Lanza, además, una intolerable tacha generalizada de arbitrariedad sobre la labor de las policías y de los miembros del poder judicial.

* Paloma Marín López es Magistrada y Jefa de la Sección del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

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Domingo 28 de mayo de 2017 - 03:02