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Hombres de ley

Amparo Díaz Ramos

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Hombres de ley

No necesitamos ser feministas para entender cuán retrógrado debe de ser un hombre que necesita anular las aseveraciones de las mujeres para creer que ese discurso es real. Y no es la primera vez que partiendo de algunas cifras y acentuando hasta la bufonada una tendencia apenas esbozada se desemboca en unos argumentos absurdos. Y este es el caso que nos atañe. La autora del presente artículo se hace la siguiente pregunta, ¿quién tiene el poder para decir lo que es verdad o lo que es mentira?
Y yo, presentadora de su artículo, me cuestiono lo siguiente: ¿Cómo juzgaremos a quienes nos han herido cuando no han mostrado remordimiento o siquiera comprensión?

El hombre marca lo que es verdad, justo e importante en las sociedades machistas
Frente a la situación histórica de inferioridad jurídica y social de la mujer estaba la superioridad en la vida cotidiana del hombre adulto. El hombre adulto marcaba el modelo de comportamiento a seguir en su entorno, y por tanto, lo que es justo o injusto. En el ámbito privado lo que decía el padre de familia era ley y por tanto, todo lo que dijera el padre debía cumplirse y darse por válido. En el ámbito público el referente también era el hombre y el sistema se diseñaba para cubrir especialmente sus necesidades y facilitarle su dominio. Las mujeres, los niños y las niñas, si querían no tener problemas debían adaptarse a la situación y ser lo más sumisos posible.
La palabra del hombre era automáticamente verdadera y a un hombre jamás podía ponérsele por mentiroso aunque fuera evidente. Hacer justicia era cumplir la palabra del hombre. Este estado de supremacía no se ha visto en peligro durante la mayor parte de la historia de la humanidad y, en gran media, sigue encontrándose vigente en numerosas familias, y en el ámbito social (universidades, empresas, espacio público…).

El hombre marca lo que es mentira, lo que es injusto y lo que no tiene importancia en las sociedades machistas.
Durante la mayor parte de nuestra historia jurídica la Justicia estuvo casi completamente ajena a los conflictos entre hombres y mujeres, sobre todo cuando había una relación familiar entre ellos o de pareja. Por eso cuando en el año 1978 en nuestra Constitución se estableció el derecho a la igualdad y se convirtió a la mujer, al menos a nivel teórico, en ciudadana al mismo nivel que el hombre, la Administración de Justicia recibió un trabajo añadido e inexacto: proteger a las mujeres de las situaciones de abuso por parte de los hombres de su entorno. Sin embargo, los juristas en esa época, mayoritariamente hombres, educados en las normas anteriores, no se dieron por aludidos, o no dispusieron de herramientas a su alcance para llevar a cabo esa misión.
Pasaron muchos años antes de que empezara a desterrarse de nuestras sentencias la premisa de que el hombre tenía que corregir a la mujer y a los hijos, y que hacerlo a tortas o insultos, no era algo injusto sino simplemente un ejercicio de su responsabilidad. La mujer que se acercaba a la policía o a los Juzgados de Guardia para denunciar era victimizada de nuevo, pero esta vez no por la conducta del maltratador, sino por la de los profesionales (apenas había mujeres en esos cargos) que le decían que mejor no denunciara, que exageraba, que cómo iba a hacerle eso al padre de sus hijos.
Para los profesionales del derecho, y también para las mujeres más privilegiadas que empezaban a trabajar en el sistema judicial, era difícilmente creíble que la mujer contara esas barbaridades de su esposo o pareja (incumpliendo el deber de respeto y sumisión hacia el hombre en beneficio de la unidad familiar), e increíble que el “buen padre de familia” y el “buen comerciante”, que era –y en gran medida sigue siendo- nuestro referente vital y jurídico, fuera en muchas ocasiones un delincuente.
Los juristas, tantos años servidores de las normas que otorgaban superioridad al hombre sobre la mujer, no terminábamos de cambiar de paso. Seguíamos bajo el hechizo del mito de la mujer mentirosa, la mujer que inventa, que exagera, que pretende ocultar que el hombre solamente ha corregido su comportamiento deficiente.
El mito tenía un peso enorme porque conseguía que los casos concretos no llegaran a analizarse, de manera que las víctimas se desesperaban y en un gran porcentaje retiraban las denuncias, o ante la falta de testigos se archivaba el caso, o la sentencia era absolutoria por falta de pruebas porque no se valoraba la credibilidad de las declaraciones. ¿Para qué si ya sabemos que las mujeres inventan o exageran? El mito actuaba paralizando la intervención pública o limitándola.

Igualdad sí…. Pero hasta cierto punto
Es evidente que la Constitución fue solo un principio. Durante los años ochenta y noventa, teniendo las mujeres a nivel teórico todos los derechos, y, a nivel práctico bastantes derechos más que durante la dictadura de Franco, se esperaba que las mujeres se dieran por contentas, y que “no sacaran los pies del plato”. Esto conllevaba que las mujeres debían seguir tolerando un mayor trabajo doméstico incluso si trabajaban fuera de la casa, una cierta agresividad masculina, un cierto autoritarismo, y que, en definitiva, renunciaran de forma relevante a sus propias aspiraciones en beneficio de la paz familiar.
Incluso muchas mujeres, educadas en el machismo, partían de la base de que es imposible la paz familiar sin aceptar y tolerar formas de violencia psicológica sutil, y de que es mejor seguir al hombre y no reclamarle muchas cosas.
Pero las mujeres nos atrevimos a “sacar los pies de los platos” y esa distancia enorme entre lo que las leyes decían y lo que se cumplía en la realidad provocó, especialmente durante los años noventa, un movimiento social a favor de la igualdad real, protagonizado por mujeres con el apoyo de algunos hombres. Se pensó en un primer lugar que las mujeres debían denunciar judicialmente las situaciones de malos tratos, y así se promovió por asociaciones de mujeres, organizaciones internacionales, y, finalmente, por el propio Gobierno. Pero pronto se descubrió que se necesitaba desarrollar una labor multidisciplinar y compleja, y que el tratamiento que se daba en los juzgados a esta problemática seguía siendo deficitario.
A partir del año 1998 empezaron a cambiar muchas cosas. Se elaboraron Planes y leyes que tenían por objetivo proteger a las mujeres cambiando, en primer lugar, el tratamiento que los y las juristas les dábamos cuando se acercaban a la Administración de Justicia a denunciar a sus esposos o parejas
Se hizo evidente entonces la necesidad de crear una serie de derechos instrumentales y recursos que sirvieran para que se alcanzaran los derechos fundamentales por parte de las mujeres, y para que los y las juristas protegiéramos a las mujeres de la violencia de sus esposos o parejas. Y ahí surgió la discriminación positiva (porque era – y es- necesario facilitar desde el poder público la presencia de las mujeres en todas las esferas ya que desde la sociedad se les pone trabas para llegar a determinados lugares) y la ley integral de violencia de género (porque era – y es- necesario proteger a las víctimas de violencia de género en la pareja).
Al dedicar más tiempo la Administración de Justicia a las mujeres éstas se atrevieron a contar con detalle situaciones de violencia psicológica, y numerosos hombres fueron condenados por violencia psicológica habitual. A partir de ese momento, hombres que declaraban estar de acuerdo con la declaración de igualdad pasaron a sentirse molestos con los derechos instrumentales que se les había otorgado a las mujeres para garantizar esa igualdad, y sobre todo, con el hecho de que se persiguiera penalmente la violencia psicológica. Y empezaron a repetir una y otra vez que tantos derechos a favor de las mujeres son excesivos, y que la mayoría miente cuando dicen sufrir malos tratos. Claro, para ellos, la violencia psicológica no es maltrato.

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Miércoles 20 de septiembre de 2017 - 04:12