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Justicia de Clase

Lidia Falcón

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La Administración de Justicia vuelve a ser triste protagonista de la actualidad, por uno más de esos errores que nadie asume. Lo sorprendente –tendría que decir inaceptable- es que no se ponga en cuestión el sistema mismo. Que en el curso de los últimos años muchos dirigentes del crimen organizado hayan sido beneficiarios de errores judiciales y policiales, debería haber hecho saltar las alarmas sociales y mediáticas. Nunca se pregunta si tales equívocos que conllevan la libertad de los más peligrosos delincuentes se consiguen mediante pago u otros favores. Nuestra benigna legislación y las obsoletas normas de procedimiento permiten justificarlos para beneficiar a quien interesa.
¿Y a quien interesa? A los que tienen poder, que no permitirían cambiar un ápice la estructura social y económica del país. Las cárceles españolas están rebosantes de presos -para vergüenza de la democracia se han multiplicado por tres los encarcelados de la dictadura a pesar de que los presos políticos son hoy minoría. Sesenta y cinco mil personas se hacinan en complejos penitenciarios, algunos que se caen a pedazos, donde se produce un número escandaloso de suicidios. Pero, ¿quiénes están? Los pobres, los anónimos, los desahuciados sociales. Miseria, ignorancia, abandono, son las grandes causas que les llevan allí. Ningún político corrupto, financiero, terrateniente, banquero, narcotraficante, dirigente de las mafias internacionales de la prostitución, del tráfico de personas y de la prostitución, se pudre en las cárceles españolas.
Las penas de nuestro Código son bajísimas, las inferiores a dos años no se cumplen, los plazos de prescripción son mínimos -así, Pepe el del Popular ha podido ser liberado después de apropiarse de 6.000 millones de pesetas-, los fiscales se esfuerzan, en vez de en lograr la condena de los encausados, en ponerles en libertad. La legislación española se lo permite. La necesidad de una prueba exhaustiva significa la garantía de impunidad para el delincuente y los jueces son enormemente exigentes en sus garantías con... los poderosos. Varias causas escandalosas se han archivado o sobreseído o han sido troceadas por incompetencia del juez en los últimos meses. Federico Trillo y sus inmediatos colaboradores en el Ministerio de Defensa no han sido procesados por la muerte de 67 militares en el siniestro del avión YAK 46. La Fiscalía ha pedido el archivo del sumario que se intenta abrir contra los responsables de las desapariciones y asesinatos de republicanos durante y después de la Guerra Civil, y el juez que la tramitaba, Garzón, ha debido repartir los expedientes entre más de sesenta juzgados que no tienen ningún interés en juzgarlos. La fiscal y la jueza que tramitan la denuncia presentada en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Valencia contra los que prostituyen y tratan mujeres como esclavas en el barrio dels Velluters de Valencia, han decidido el archivo de las diligencias y la Audiencia Provincial de Valencia les ha dado la razón. Se practicó una entrada y registro, que fue avisada oportunamente a los dueños de los burdeles, y se trasladó a las víctimas y a sus verdugos juntos en el mismo furgón, y en la misma comisaría se les interrogó a todos y todos regresaron juntos a los lupanares, como tenían previsto los proxenetas. Justicia cumplida.
Las corrupciones políticas quedan impunes en un porcentaje escandaloso. Mafiosos de altura consiguen libertades incomprensibles, dirigentes del crimen organizado se convierten en empresarios de fortuna, propietarios de hoteles, de discotecas, de urbanizaciones, de empresas inversoras, que son tratados con todo respeto y el fraude fiscal en España es el más alto de la Unión Europea.
El Ministerio del Interior asegura que el caso del albanés es puntual, que cientos de presos cada día son trasladados a los juzgados y regresan a la prisión. Es cierto. Son los pobres, los emigrantes, los africanos manteros, los descuideros, los camellos de unas cuantas papelinas, los enfermos de droga. Todos los desgraciados del país que caen bajo las inmisericordes ruedas de una justicia que tiene los ojos bien abiertos para discriminar a sus víctimas. Un mendigo ha sido condenado a ocho meses de prisión por robar un pan y los cumple porque tenía antecedentes de violencia. Pero hoy no hay ningún Víctor Hugo para cantar su epopeya. El muchacho independentista Franki está en la prisión de Figueras condenado a dos años y medio por retirar una bandera española del frontispicio de un Ayuntamiento catalán. Los dibujantes de “El Jueves” han tenido que pagar una cuantiosa multa por un chiste.
Ningún Botín ni Alberto han pasado una noche en comisaría. Los responsables de la quiebra económica del país, ejecutivos de multinacionales, propietarios de constructoras, políticos comisionados por éstos, directivos de bancos que invirtieron nuestro dinero en especulaciones imposibles y en inmobiliarias dedicadas a la estafa, están y estarán en libertad y además recibirán más combustible para seguir arruinando al país.
En definitiva la Justicia coadyuva a cumplir el propósito que la instauración de la supuesta democracia de que disfrutamos se planteó: cambiarlo todo para que nada cambiara. Es decir, que las clases dominantes sigan siendo las mismas que en el siglo XIX, terratenientes del sur y del oeste, complejos industriales, gran banca, que hoy cuentan con la alianza de las mafias de todo tipo: traficantes de drogas, de personas, de mujeres, de niños, de emigrantes, protegidas por la clase política, inestimable encubridora de sus desmanes.
Como ha explicado el juez Bermejo, con un cinismo sorprendente, sobre el proceso de las muertes del YAK 47, “la justicia no busca la verdad”. Solo busca favorecer a los poderosos.
 

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Viernes 28 de julio de 2017 - 21:05